Gobernador de Antioquia seguirá adelante con el proyecto pesé a las críticas
Este lunes 25 de noviembre, inició en la Asamblea Departamental de Antioquia el primer debate sobre el proyecto de ordenanza que sería el cobro de un impuesto a través de la factura de los servicios públicos con el fin de fortalecer la seguridad en el departamento. Aunque EPM ha manifestado la nulidad de este proyecto, el Gobernador de Antioquia continúa firme con la propuesta.
“Yo espero, en esa tarea de persuasión, seguirle insistiendo no solo a los diputados que han manifestado alguna prevención con la medida, sino también a los gremios, seguirnos motivando a que, nosotros necesitamos llenar es la tasa de la seguridad, llegar la tasa de la convivencia, llenar la tasa de dotaciones dignas de movilidad, condiciones locativas dignas para la fuerza pública”, agregó el Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia.
Cabe recordar que, este impuesto sería para crear la cárcel para sindicatos y para proporciar espacios a la fuerza pública.
Por su parte, la Secretaría General de Antioquia, defendió la legalidad de este proyecto, citando la Corte Constitucional. “Se declara exequible por los cargos revisados en el artículo 12 de la ley 2272 en el entendido de que la autorización del tributo allí contenida aplica a todos los departamentos y municipios”.
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Con esto, según la Corte Constitucional dicha normal no viola el principio de legalidad tributaria.
Varios sectores, manifiestan su rechazo pesé al respaldo de más de 100 alcaldías.
“Estos esfuerzos se han quedado cortos, los grupos delincuenciales que hoy azotan el municipio de Sonsón no se encuentran solo en el municipio de Sonsón, ni siquiera operan únicamente en el departamento de Antioquia, tienen un brazo y una fuerza muy grande, tristemente, el Gobierno Nacional ha limitado a nuestra fuerza pública, por eso, valoro mucho esta causa que asume el Gobernador”, indicó Juan Diego Zuluaga, alcalde de Sonsón.
“Yo quiero recordarle algunos diputados del departamento que al Bajo Cauca no han ido a sesionar, a hacer una sesión descentralizada, aduciendo problemas de seguridad. Sí hay problemas de seguridad, es la hora de que se reivindiquen con el Bajo Cauca y con el Urabá antioqueño y aprueben este proyecto, para que la seguridad en esas regiones, pueda mejorar, qué es lo que nosotros necesitamos en este momento”, señaló Yomer Fabián Álvarez, alcalde de Tarazá.
Por su parte, EPM manifiesta que: «Este incremento podría reducir la capacidad de pago de los usuarios, aumentando los niveles de morosidad y las conexiones fraudulentas. Como consecuencia, se produciría un aumento en las suspensiones y cortes de los servicios públicos domiciliarios«.
Finalmente, serán 26 los diputados los que tendrán la última palabra sobre este proyecto de ordenanza.
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— Hora13 Noticias (@hora13noticias) November 25, 2024
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