La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 11 años a Samuel Roberto Vásquez Arias, quien se desempeñó como Director Administrativo y Financiero de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia entre 2021 y 2022. La sanción se debe a que Vásquez ejerció funciones públicas a pesar de estar inhabilitado por una sanción fiscal de la Contraloría General de la República.
La Procuraduría indicó que la evidencia demostró que Vásquez recibió dos notificaciones de sanciones fiscales en su contra durante su periodo como miembro principal de la junta. Estas sanciones, que quedaron ejecutoriadas en 2021, le impedían ocupar cargos públicos. Sin embargo, Vásquez no informó a su nominador sobre estas inhabilidades y continuó en su cargo.
En fallo de primera instancia, el Ministerio Público recordó que en las actuaciones administrativas debe primar la moralidad y la buena fe, “no sólo brindando un debido manejo a los recursos públicos, sino que ello se extiende a todos los actos propios del ejercicio de la función pública”.
La Procuraduría calificó la falta de Vásquez Arias como «gravísima a título de dolo», ya que, siendo un profesional del derecho, era consciente de su inhabilidad y decidió ocultarla para mantener su puesto. El Ministerio Público enfatizó que en las actuaciones administrativas debe primar la moralidad y la buena fe, tanto en el manejo de recursos públicos como en el ejercicio de la función pública.
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— Hora13 Noticias (@hora13noticias) June 28, 2024
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