Los imputados por la JEP, integrantes del Ejército Nacional, son cuatro coroneles, dos mayores, tres suboficiales y un soldado profesional, todos en retiro
Conforme al Código Penal colombiano, La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó la comisión de crímenes de lesa humanidad y de guerra a integrantes del Batallón de Contraguerrilas #26 Arhuacos (BCG 26), Batallón #79 Sargento Viceprimero Hernando Cómbita Salazar (BGC 79), y al comandante de la Brigada Móvil 11. Los delitos tuvieron lugar en Dabeiba, y las víctimas de asesinato y desaparición forzosa fueron halladas en el cementerio de este municipio.
Podría interesarle: JEP lleva146 hallazgos en cementerios de Puerto Berrío
Si bien las evidencias halladas fueron útiles en el proceso judicial, la investigación fue soportada sobre los aportes de verdad que realizaron varios comparecientes de la fuerza pública. Esta información fue contrastada con las evidencias forenses.
Uno de los casos fue el del 14 de noviembre de 1997, que dejó como víctimas a Eliécer de Jesús Úsuga Manco (menor de 12 años), Félix Antonio Manco (75 años), Wilson Manco Úsuga (26 años) y Alveiro Úsuga Uribe (22 años), “acusados por los paramilitares de auxiliadores de la guerrilla y ladrones de ganado, sacados de sus casas con tropas conjuntas de militares y paramilitares, asesinados por soldados de La compañía Delhuyer y dos de ellos presentados como muertos en combate e inhumados en el Cementerio Las Mercedes”.
Se imputó como responsables, por jerarquía, a los siguientes coroneles en retiro: Jorge Alberto Amor Páez (excomandante de la BRIM 11), David Herley Guzmán Ramírez (excomandante del BCG 79) Efraín Enrique Prada Correa (excomandante del BCG 79), Edie Pinzón Turcios (excomandante del BCG 26 Arhuacos); dos mayores en retiro: Yair Leandro Rodríguez Giraldo (BCG 26), Hermes Mauricio Alvarado Sáchica (BCG 79); tres sargentos en retiro del BCG 79: William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo; y un soldado profesional en retiro del BCG 79: Levis de Jesús Contreras Salgado.
De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, ninguno de los exhumados, identificados y entregados, a quienes, en su mayoría, los hicieron pasar en aquel tiempo como dados de baja en combate, perteneció a grupos armados ilegales.
