En 2019, una veeduría ciudadana solicitó investigar el proyecto, por lo cual la Contraloría General abrió el proceso de responsabilidad fiscal.
Por: Vanessa Aguirre
Con el fallo de la Controlaría General de la República, 26 personas y empresas serían responsables fiscales en el caso de Hidroituango por el daño patrimonial de 4, 33 billones de pesos que equivalen a un lucro por 1.2 billones y 3.1 billones por detrimento al patrimonio público.
Julián Mauricio Ruiz, vicecontralor general indicó que las razones del fallo fueron las siguientes:
- El incumplimiento del objetivo principal de Hidroituango que era generar energía, la cual ya estaba contratada y acordada para el 2018 calculado por 1.2 billones de pesos.
- El desmesurado aumento de costos de Hidroituango.
- La contingencia de abril de 2018 que amenazó de calamidad pública a la población cercana.
El vicecontralor manifestó que la decisión no tiene tintes políticos ni tampoco señala a los implicados como corruptos.
“No se puede hablar en el momento de corrupción, ya que no se trató de conductas a título de dolo, es decir, no se ejecutaron con el fin de hacer daño a los recursos públicos, pero no se accionó como debería”, resaltó.
La Contraloría General no inhabilita a los investigados para tomar posesión de cargos públicos, será un juez, quien una vez haga el estudio de todo el proceso, quien decida qué sanción tendrán.
En el proyecto están vinculadas además unas pólizas o seguros por 400 mil millones de pesos que podrán amortiguar este detrimento a los recursos públicos.
“Si las pólizas logran cubrir la totalidad se acabará el proceso, incluso, antes de que termine la segunda instancia”, expresó el vicecontralor general.
El fallo afecta por culpa grave, es decir por la falta de diligencia de los involucrados, a los exgobernadores de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero y Sergio Fajardo Valderrama. Los exgerentes de EPM, Federico Restrepo Posada y Juan Esteban Calle Restrepo, y al exalcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo.
